El 28 de abril el Poder Ejecutivo Nacional designó como nuevas autoridades del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) a Mariana Herrera Piñero y Walter Rubén Bozzo.
Este último fue perito en la Asesoría Pericial de La Plata y tiene su propio laboratorio de citogenética clínica llamado “Hereditas”, mientras que Herrera Piñero es directora del laboratorio “Biología Molecular Diagnóstica” y de las empresas GENDA S.A. y MYGEN S. A.
Desde la Mesa de Trabajo “Todos por el Banco Nacional de Datos Genéticos” denunciaron que la nueva directora carece de “habilidad moral, idoneidad técnica y rectitud técnica” para el ejercicio del cargo porque se encuentra involucrada en actividades incompatibles con el ejercicio de sus funciones y formó parte de la Comisión Asesora que redactó la reglamentación del concurso que ganó.
En diálogo con NOVA, Margarita Pinto, integrante de dicha Mesa, aseguró que con los cambios contemplados en la Ley 26.548 se termina con la finalidad original del BNDG.
“Con la nueva Ley se deja un amplio espectro a la actividad de los laboratorios privados. Es parte de un plan de desguace del organismo con el objetivo de controlar partidariamente información colocándolo, a partir de ahora, bajo control político”, afirmó Pinto.
Asimismo, consideró que el circuito que se debe recorrer para poder realizar un análisis cuando se cree ser hijo de desaparecidos está bajo control de la familia Carlotto: “Remo es legislador y Claudia es coordinadora de la CONADI, por lo que manejan como exclusividad propia un derecho que es de todos los que buscamos familiares con vida”.
Desde “Todos por el Banco Nacional de Datos Genéticos” expresaron que ellos fueron los principales impulsores de la Ley 26.548 que “entregó el derecho a la identidad biológica de los registrados o nacidos fuera de dictadura a los laboratorios privados”.
En este sentido, Pinto relató la historia de una compañera que en plena búsqueda de un sobrino le fue negado el derecho a la extracción de sangre “por participar de esta Mesa de Trabajo y cuestionar el proceder en las elecciones de los directivos”, añadió.
La agrupación integrada por las Abuelas de Plaza de Mayo Mirta Acuña de Baravalle, María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani y Elsa Pavón; la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD); la Agrupación por los Derechos Humanos ¿Quiénes Somos?; la Asociación Profesionales en Lucha (APEL); el Colectivo Memoria Militante; e HIJOS La Plata, advirtió el temor por la integridad de las muestras de todos los familiares ante la mudanza y “el limbo administrativo” en que se encuentra el BNDG.
En tanto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, rechazó este lunes las “voces que mienten y difaman” respecto del traslado del Banco a la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, dispuesto por la Ley 26.548.
“Queremos llevar tranquilidad a los nietos que esperan ser encontrados, sus familiares que depositaron la sangre en el BNDG y a la población en general”, dijo Carlotto.